Ponencia de Ricardo Calleja Rovira

Profesor de IESE Business School

Un mundo de consensos que está desapareciendo

Las democracias liberales de la posguerra mundial se apoyan en grandes consensos, que tienen varios fundamentos o niveles. De modo plástico, se puede pensar en un árbol. En lo más profundo, en las raíces que casi siempre pasan invisibles, existía un sustrato pre-político, moral y casi siempre de origen religioso: las grandes verdades sobre la persona y la sociedad, que casi nadie negaba, y que se recogen en las grandes declaraciones de derechos. Precisamente, esos derechos son el elemento fundamental del tronco, que es la cultura política de la democracia constitucional. En ese tronco se afirman las ramas principales: los concretos sistemas políticos de cada país, consagrados en constituciones escritas.

Las constituciones escritas recogían los distintos aspectos de esta cultura social y política, en sus tres dimensiones de justicia material o sustantiva (los derechos individuales y el Estado social, que marcan el modo de vida en común); de justicia formal o procedimental (las instituciones del Estado, la separación de poderes y los modos de tomar decisiones); y de identidad (delimitando el sujeto de la soberanía nacional, la extensión del territorio y los símbolos de pertenencia a la nación). Las constituciones no solo tienen superioridad jurídica sobre el resto de las leyes, sino que vienen respaldadas de ordinario por un gran consenso social, que se hace posible, entre otras cosas, gracias a una gran clase media, educada y cohesionada por estados de bienestar y economías pujantes.

Sobre la fortaleza —pero también los límites— de ese entramado común se afirma, en último término, el pluralismo ideológico y partidista. De este modo, la diversidad de ideas e intereses se hace compatible con la unidad en lo fundamental, en esos tres niveles de justicia material, formal y de identidad; así como en las llamadas “políticas de Estado”. Así, la alternancia política no altera la confianza en las instituciones comunes, sino que la va consolidando. En ese clima, las empresas encuentran una cierta legitimidad social como responsables del crecimiento económico y la creación de empleo, siempre que respetasen las reglas de juego y no cayeran en la corrupción. Izquierda y derecha tendrían políticas fiscales y sociales ligeramente distintas, que se van equilibrando mutuamente mediante la alternancia de períodos que acentuaban la creación de riqueza o su redistribución.

La crisis del orden liberal y los nuevos ejes de la política

La estabilidad de este sistema dentro de cada país, y entre las naciones, no estaba exenta de amenazas y de limitaciones, especialmente visibles en los países de la América Latina, en los que las condiciones anteriores no siempre se han cumplido. Resulta difícil señalar el comienzo del final de este gran consenso liberal. Sin duda, desde la crisis financiera de 2008 se han sucedido una serie de grandes alteraciones que han erosionado el terreno común sobre el que se articula la vida social y el juego del pluralismo político.

La escasez económica no solo da origen a la preocupación por la gestión de los recursos escasos (economía), sino también al problema de la justicia (la distribución de recursos escasos, de premios y castigos). La crisis ha supuesto el fin de dos grandes mitos legitimadores del régimen de la democracia constitucional: el mito de la representación política, que ha roto la confianza en élites e instituciones, que ya “no nos representan”; y el mito del progreso económico, que ha roto la confianza en el futuro de bienestar para quien quisiera trabajárselo.

La indignación social se manifiesta en nuevos movimientos políticos que no aceptan el consenso. Por un lado, desde la izquierda más urbana y global asistimos a la sustitución del discurso de justicia económica por el discurso de las políticas de identidad, que rompe definitivamente el consenso moral de nuestras sociedades, al reivindicar las identidades victimizadas de los grupos alternativos que sufrían marginación en el orden político y social anterior. Por otro lado, desde la derecha, se reivindican las viejas identidades hegemónicas —la nación, la religión— y la vida comunitaria que la liquidez del mundo contemporáneo pone en riesgo.

En cualquier caso, se alteran los temas y los grupos sociales propios de la derecha y de la izquierda, y el eje de la polarización política deja de ser tanto izquierda-derecha, como arriba-abajo (élites y pueblo) y centros urbanos que aprovechan la globalización y las periferias cada vez más marginales (los llamados anywheres y somewheres).

Este nuevo eje debilita el consenso sobre el valor de instituciones y procedimientos. Primero, porque el lenguaje populista se muestra eficaz para movilizar un voto que solía estar en la abstención o la pasividad. Segundo, porque el discurso subraya lo que separa a unos y a otros, trazando divisiones entre amigos y enemigos, culpables y salvadores, personas y grupos, inmorales y morales. Todo esto sucede en un clima emotivista, donde ya no hay razones comunes para dialogar sobre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, de modo que el discurso político se ve capturado por las dinámicas propias de la conflictividad emocional —que genera drama, interés, clics—. Se crean cámaras de eco que refuerzan las dinámicas tribalistas de la sociedad.

Por un corto tiempo se pensaba que Internet iba a resolver el problema de la representación, acercando al ciudadano instituciones y decisiones, y que permitiría un intercambio abierto de ideas. Pero hemos comprobado que, aunque en ocasiones logra esos efectos, lo que hace normalmente es agudizar las tendencias de la polarización y la fragmentación de la opinión pública. Incluso hasta el punto en el que desaparece la distinción verdadero-falso y toda posibilidad de encuentro.

Una llamada a la responsabilidad de las empresas

Las grandes empresas multinacionales, entusiastas de los cambios tecnológicos y de la globalización, evidentemente son percibidas como parte de un establishment al servicio de élites globales, urbanas, progresistas e individualistas. Y, de hecho, se alinean muchas veces con esos valores en lo que se ha llamado “woke capitalism” o “capitalismo moralizante”. Es fácil que cedan a la presión de ese tipo de grupos (o de seguir sus inquietudes sinceramente, pues pertenecen a esos grupos sociales, y para las empresas mismas no tiene elevados costes). Además, las poblaciones urbanas y globales tienen mayor capacidad económica y formación profesional: son sus inversores, clientes y trabajadores ideales. Sin embargo, sus intereses se pueden ver comprometidos allí donde se establecen liderazgos políticos más proteccionistas, que promueven estilos de vida menos líquidos, de valores menos universales y más comunitarios. En todo caso, es dudoso que se vayan a ver favorecidas a largo plazo por un clima social conflictivo, potencialmente violento.

La superación de la crisis de la pandemia por el Covid-19 amenaza con generar nuevos problemas económicos (como la inflación) y geopolíticos (como los ataques de autocracias); potenciar la distancia social entre grupos humanos heterogéneos al aumentar la mediación tecnológica y reducir los espacios comunes de libre acceso; y alterar la percepción del riesgo y la resistencia al control social, y por tanto el equilibrio entre las exigencias de la libertad y las de la seguridad.

La actitud de las empresas

“Estos debates no tiene nada que ver conmigo y mis negocios” tiende a pensar el empresario medio. En un segundo momento, muchos proponen: “En todo caso, estos problemas se resolverían si la gente —en vez de dejarse llevar por ideologías, identidades y diagnósticos simplistas— aceptara que los problemas complejos de nuestra época exigen soluciones aportadas por verdaderos expertos”. Pero estas dos respuestas son manifiestamente insuficientes.

La primera porque no es verdad. El fin del consenso de la posguerra está alterando la distribución de funciones entre empresas y mercados, instituciones públicas y sociedad civil. Se exige mucho más de las empresas que solo el cumplimiento de sus finalidades primariamente económicas. Como ciudadanos, exigimos responsabilidad ante los problemas comunes; como trabajadores, queremos que las empresas nos aporten sentido de propósito en la vida; como inversores, no queremos sustos de ningún tipo y a la vez cada vez establecemos estándares más elevados en materias como el buen gobierno y la sostenibilidad ecológica; como consumidores, queremos que aquello por lo que pagamos nos aporte una identidad de la que estar orgullosos; como activistas, queremos el dinero, el compromiso y la publicidad de las empresas. Aunque las empresas no busquen problemas sociales y políticos en los que comprometerse y tomar partido, la crisis de las democracias liberales irá a su encuentro para sacarlas del escondite.

La segunda respuesta es casi más peligrosa porque, en tiempos de polarización, desaparece toda confianza en la neutralidad de cualquier posición ideológica y de cualquier grupo social. Los grandes consensos actuales en torno a la Agenda 2030, por ejemplo, no son el resultado de un proceso deliberativo político. En cuanto expresión de un consenso propio de ciertas élites, se convierte en blanco fácil para el discurso populista, que reclama, con mayor o menor razón, la representación de otros valores e intereses.

Dos pasos imprescindibles para responder al reto

En todo caso, queda claro que la polarización aumenta la volatilidad del riesgo político y regulatorio. ¿Qué hacer al respecto por parte de las empresas? La respuesta no es sencilla, ni cabe en recetas. Por supuesto, no es aceptable limitarse a una estrategia de compra de voluntades de políticos, reguladores, opinadores, activistas y sindicalistas. Es muy caro, peligroso, y, en último término, éticamente inaceptable. El reto no es sencillo, pero sí hay dos pasos imprescindibles.

El primero es comprender bien la realidad social y tener un juicio propio sobre las grandes tendencias y los temas más candentes, de modo genérico y específico, y de aquello que afecta a la empresa. Todo esto sin quedarse en grandes análisis geoestratégicos: lo local es crucial, porque muchas veces no responde directamente a las macrotendencias, ni replica en pequeña escala las alianzas propias de los debates nacionales o internacionales.

Esta tarea de comprensión no es fácil, pero tampoco es imposible. No se improvisa, pues requiere tiempo y una actitud que hay que cultivar. Se empieza por leer, escuchar y hablar con quienes tienen la información, objetividad y capacidad de análisis y de síntesis. Esto exige empeñarse por tener relación directa y confiada con personas que pertenecen a otros ámbitos sociales e ideológicos, para evitar los riesgos de distorsión cognitiva propios de las cajas de resonancia, a los que son particularmente proclives las clases empresariales privilegiadas. La creciente división de nuestro espacio social no es solo consecuencia de la fragmentación de la opinión pública, sino también de los estilos de vida desconectados de las clases dirigentes.

El segundo es reorganizar la empresa y sus procesos de análisis y directivos, para que aparezcan en el radar de las organizaciones, en los órdenes del día de sus órganos de gobierno y en la propia estructura, esos problemas, los criterios con que deben abordarse, los indicadores más relevantes, las personas competentes y los actores externos con los que es crítico dialogar, negociar y trabajar juntos.

La necesidad de este debate

De modo más general, es preciso abrir una reflexión a fondo y compartida con otros elementos de la sociedad: empresas, instituciones, sociedad civil. En este debate es preciso no solo prestar atención a los elementos descriptivos del problema y a las recomendaciones instrumentales. Se hace necesario realizar una valoración normativa/ evaluativa sobre la misión de la empresa en una sociedad rectamente ordenada. Las fuentes de este debate no pueden ser solo las exigencias legales y procedimentales vigentes; pero tampoco basta atender a las demandas y requerimientos de grupos ideológicos y stakeholders. Es preciso hacerse un marco de pensamiento ético propio, que integre los principios básicos de justicia política y social.

Preguntas que guiaron la deliberación

¿Cuáles son las principales amenazas y oportunidades para las empresas españolas en el contexto actual de polarización?

¿Cómo definir la responsabilidad de las empresas de modo que no se limite a los objetivos económicos, pero tampoco se preste a la manipulación retórica o real al servicio de ideologías?

¿En qué línea deben ir las aportaciones de las empresas españolas al refuerzo de las instituciones de la democracia liberal? Cómo pueden al menos evitar los inconvenientes del deterioro de la cultura política?

Este fue el primer encuentro de los cinco que le siguen. Los miembros del Grupo de Expertos de Alto Nivel (GEAN) se sentaron en mesas de cuatro y se ordenaron de tal manera que en cada una de las mesas hubiera un joven empresario, un alto funcionario, un representante de la sociedad civil y un inversor de impacto. El ponente Ricardo Calleja expuso en media hora su ponencia, seguida de las preguntas que planteamos al grupo. Acto seguido cada mesa deliberó durante una hora, tras la cual un portavoz de cada mesa resumió las principales conclusiones. Este esquema se mantuvo en las cinco sesiones con pequeñas variaciones.

Calleja remarcó que este ejercicio que hizo el GEAN es lo que todo el mundo necesita hacer: pensar. Y no hay mejor forma de pensar que dialogar en un entorno adecuado, con unos textos adecuados y con un grupo de personas adecuado. Dicho lo cual, el debate giró entorno a tres cuestiones relevantes.

Puesta en común

El Grupo estuvo de acuerdo en que se ha roto el gran consenso tradicional imperante que veníamos disfrutando hasta hace poco: el orden que tenemos hoy no es un orden internacional sino un desorden global. Dentro de este desorden, la empresa multinacional se encuentra a dos aguas: hasta ahora, a una empresa se le había dicho, por ejemplo, que habíamos creado un mercado común, que es la UE, donde se podía poner parte de la logística en Inglaterra y parte de la logística en Francia porque había libre circulación de bienes. Las empresas se habían acostumbrado a este orden hiper-globalizado e hipercompetitivo en el que han navegado durante décadas, y ahora se encuentran con que este orden ya no existe. El resultado de ello es que el factor político comienza de nuevo a ocupar un papel clave en el proceso de internacionalización de las empresas.

Para el Grupo no hubo lugar a dudas de que esta inestabilidad política y el aumento de la incertidumbre generan un impacto negativo en las empresas. Ante esta incertidumbre de contexto, las empresas y el capital externo tienen menos incentivos a la hora de contratar y de invertir. Sin embargo, sí hubo división en torno a la idea de que la polarización política, como realidad más específica dentro de ese desorden global, estuviera afectando negativamente a las empresas. Una parte del Grupo la consideró como un fenómeno más mediático que real, mientras que otra veía claro que ésta presenta graves riesgos reputacionales a las empresas, que se ven especialmente afectadas – sobre todo a través de boicots- tanto en aquellos casos en los que no han tomado posición política como en los que han tomado partido por una opción política. (Aunque el grupo no pudo expresarlo en octubre del 2021 porque aún no había acontecido, esto se ve de manera clara en los boicots a las empresas que no salieron de Rusia en las semanas siguientes al inicio de los ataques militares en territorio ucraniano.)

La crisis de la democracia liberal y la falta de consensos derivada de ésta, también suponen un riesgo evidente para las empresas porque no se están llevando a cabo las reformas estructurales que requiere el país. La estructura política que da seguridad jurídica a las empresas empieza a hacerse frágil. Concretamente, el Grupo acusa la ausencia de debates técnicos en torno a elementos críticos para las empresas como son el salario mínimo interprofesional, las pensiones o la inflación. Para abordar estas temáticas, deberían propiciarse más debates público-privados sometidos a una transparencia y a una rendición de cuentas.

Parte del Grupo señaló que el principal escollo que podría haber en España generador de ese clima de polarización es que tenemos unas élites empresariales e institucionales centradas en Madrid, lo que puede propiciar choques por no escuchar al resto del ecosistema. Es decir, si desde Madrid se decide cómo se va a ordenar el territorio en la España vaciada, a lo mejor la España vaciada no se siente ni escuchada ni representada y se producen manifestaciones como la de los transportistas cortando autovías. Por tanto hace falta un ejercicio de escucha, reflexión y ética muchísimo más amplio.

Hubo un acuerdo mayoritario en que esta inestabilidad política general y polarización política concreta puede atribuirse a que la desigualdad aumenta y la esperanza de la meritocracia se desvanece. Y que ante estas realidades las empresas deberían intentar asumir responsabilidades. De hecho, parte del Grupo expresó que, ante esta falta de consenso político, las empresas pueden constituirse en agentes movilizadores para la creación de una conciencia en la sociedad.

Así, el Grupo vio esencial buscar maneras y buenas prácticas para reactivar el ascensor social, a través de políticas salariales que no sean abruptas, y que requieran medidas horizontales, es decir, que los máximos órganos de gobierno y dirección estén “vigilados” por el resto de la empresa y también por los accionistas. Para ello, todas las políticas diseñadas por dichos órganos (las de responsabilidad social corporativa o sostenibilidad, buen gobierno, nombramientos y retribuciones) deberían estar sometidas a una evaluación externa basada en criterios objetivos. Concretamente, deberían abordar la cuestión de las retribuciones, y es que es una práctica habitual que los altos directivos y los consejeros de las grandes empresas ganen desproporcionalmente más que la plantilla de trabajadores. En los últimos meses hemos visto cómo las cúpulas de las empresas más relevantes del país han propuesto subidas muy significativas en sus esquemas de retribución sin contar con los accionistas o los empleados.

Porque las empresas deben de buscar no solo sostenibilidad empresarial sino el sostenimiento social, y para ello, todo el mundo, tanto empresarios como trabajadores, tiene que sentirse que se beneficia del propósito hacia el que caminamos. El estado de insatisfacción permanente hay que tratar de encauzarlo, y, para ello, lo único que puede funcionar como pegamento son los valores y la ética. Algo que a su vez sólo puede alcanzarse a través de una educación suficiente para ver el mundo como es, y tener la audacia y la valentía de cambiarlo. Ahí las empresas tienen más flexibilidad para actuar que lo público, que tiene más rigidez.

Por tanto, una de las soluciones que pueden aportar las empresas para contribuir a una mejor democracia es la formación y la capacitación continua, de tal manera que se genere un trabajo de calidad y se fomente la dignidad del trabajador. En este sentido aún queda un largo trecho por recorrer, porque actualmente el mayor compromiso empresarial se está centrando en la cuestión medioambiental, pero la formación es el siguiente elemento crucial. Dentro del ESG, tenemos que dar un paso del Environmental al Social. Y, a su vez, para lograr que la apuesta por lo social tenga un impacto real que vaya más allá de la mera retórica, es necesario que los informes de sostenibilidad obedezcan más a los datos y a la evidencia empírica que a retóricas más cualitativas y literarias.

El Grupo habló de la importancia para las empresas de escuchar los diferentes lenguajes, es decir la capacidad del directivo para hablar lenguajes más allá del financiero. Existe el lenguaje del burócrata, el del experto, técnico y refinado, y también hay lenguajes de los stakeholders críticos, que exigen tanto pensar como mantener conversaciones. Hay que escuchar a gente que piensa de manera diferente y sobre temas diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. Esto tiene que ver con la visión a largo plazo y rema en contra de la presión que todos tenemos a pensar en el corto plazo. Pero no sólo se trata de escuchar, sino también de discernir, que es la siguiente cuestión relevante. En ocasiones, o sobre determinados temas, la polarización es retórica, dura unos cuantos días y se esfuma. Sin embargo, hay otros temas donde la polarización toca la realidad, rompe algo y ahí hay que ser capaz de distinguir. También hay que discernir entre qué cosas son de corto plazo y qué cosas son de largo plazo.

Las empresas tienen que reaccionar a las necesidades que afloran, pero ante la continua erosión de la democracia liberal es clave que cada empresa defina mejor su propósito, y qué es lo que quiere aportar, como un término medio entre el desvincularse de cualquier responsabilidad social y el afirmar todas las responsabilidades sociales y cualquier causa coyuntural de modo reactivo. Esto hay que hacerlo conectado con lo que de verdad está haciendo la empresa, lo que está vinculado al negocio y lo que sea sostenible en el tiempo, es decir, que sea creíble. Pero luego no basta anunciarlo. Hay que buscar a los accionistas, a los empleados, los clientes que están alineados con ese propósito y comprobar que existe una base suficiente de dinero, de inversores, de clientes y de apoyo social para llevar a cabo lo que nos proponemos en el largo plazo.

Parece que se impone, sin lugar a dudas, que el tema crítico de nuestro tiempo es la transición hacia una economía de cero emisiones de carbono, quedando todos los temas de calado social en un segundo, tercer, cuarto o quinto plano. ¿Esto se debe a qué hemos llegado a un consenso social? No, seguramente se deba a que estamos poniendo los incentivos y las subvenciones y a que hay una enorme presión social que hace que los directivos reaccionen. Esto es una manifestación de cómo en algunos temas cabe la manipulación (o el llamado Greenwashing), es decir, que las empresas terminen comprometiéndose con aquello para lo que se está dando una subvención o lo que genera mayor reputación. Esto ni es un propósito empresarial, ni contribuye a la sociedad sino que responde de un modo reactivo a unos incentivos diseñados de una manera muy efectiva. Lo cual no significa no aprovecharlo, pero si uno no tiene definido el propósito, uno no sabe cómo reaccionar y actúa de veleta. Esto lamina la credibilidad y dificulta cualquier esfuerzo por desarrollar en un futuro cualquier sentido de propósito, porque nadie se lo va a creer.

Finalmente, las empresas tienen que tener claro que su objetivo es el mismo que el de la sociedad. Una empresa que crea riqueza es una empresa que paga impuestos, que genera empleo y que crea otras empresas satélites a su alrededor y por tanto la ética es la misma, no estamos hablando de dos objetivos contrapuestos como desgraciadamente está sucediendo en el debate político.

Conclusiones principales del debate

Se ha roto el gran consenso tradicional imperante. El orden que tenemos hoy no es un orden internacional sino un desorden global. El factor político comienza de nuevo a ocupar un papel clave en el proceso de internacionalización de las empresas.

Dentro de esta incertidumbre de contexto, el fenómeno más específico de la polarización política es, para parte del Grupo un fenómeno más mediático que real y no afecta a las empresas. Mientras que para otra parte del Grupo genera graves riesgos reputacionales para las empresas al tomar o no tomar determinadas posiciones políticas (véase lo que está ocurriendo con Rusia, por ejemplo).

La polarización política impide llevar a cabo reformas estructurales que requiere el país. La estructura política que da seguridad jurídica a las empresas empieza a hacerse frágil.

La inestabilidad y polarización política encuentra su raíz en la creciente desigualdad y la evaporación de una auténtica meritocracia.

La concentración de las élites empresariales e institucionales en Madrid contribuye a esta polarización en la medida que el resto del territorio puede no sentirse escuchado ni representado.

Ante esto, las empresas pueden constituirse en agentes movilizadores para la creación de una conciencia en la sociedad.

Es necesario buscar maneras y buenas prácticas para reactivar el ascensor social, y, muy concretamente, abordar los actuales esquemas de retribuciones de los órganos de decisión y su desproporción con respecto a los de la plantilla de trabajadores.

Las empresas deben buscar maneras de generar sostenimiento social para lo cual los valores y la ética son el único pegamento que puede funcionar.

Una de las soluciones que pueden aportar las empresas para contribuir a una mejor democracia es la formación y la capacitación continua.

Las empresas tienen que desarrollar mecanismos de escuchar los diferentes lenguajes de los stakeholders críticos, y ser capaces también de discernir.

Las empresas tienen que saber reaccionar a las necesidades que afloran, pero también es clave que cada empresa defina mejor su propósito y reaccionar por tanto a aquello que está conectado con dicho propósito, de tal manera que esa respuesta sea realmente creíble. Si uno no tiene definido el propósito, uno nosabe cómo reaccionar y actúa de veleta.